México y los asilos en conflicto

 

  México enfrentó en el pasado agudos conflictos para defender el derecho de asilo, que al final se tradujeron en largo tiempo para alcanzar una solución.

  El motor del choque era el mismo: el Estado territorial sostiene que persigue delincuentes, mientras el Estado asilante califica la naturaleza del caso.

  La disputa está prevista en la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas (1954), la más reciente del sistema interamericano, que declara ilícito el beneficio para los sujetos a la acción penal por delitos comunes, salvo que las causas “revistan claramente carácter político”.

  Quien califica la naturaleza del caso es el Estado asilante, según la Convención, que así resolvió un largo periodo de convulsiones políticas en la región.

  El caso emblemático de esa etapa fue el de Víctor Raúl Haya de la Torre, acusado de encabezar con su partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) una rebelión militar en Perú.

                           Víctor Raúl Haya de la Torre. Foto peru21.pe

  Haya de la Torre se refugió en enero de 1949 en la embajada de Colombia, que le otorgó el asilo. Así se abrió una disputa política y legal, que llegó a la Corte Internacional de Justicia con el mismo choque de argumentos: delito común contra persecución política. 

  Pero la decisión de La Haya fue tan ambigua que no resolvió nada. Haya de la Torre se quedó cinco años en la embajada colombiana, hasta que en abril de 1954 el gobierno peruano cedió y permitió que el asilado viajara a México. 

Golpe en Chile

  Entre el golpe militar en Chile, el 11 de septiembre de 1973 y noviembre de 1974, la embajada de México en Santiago recibió a más de 600 chilenos, un centenar de mexicanos y otro tanto de personas de terceros países.

  La evacuación fue lenta y difícil. La embajada y la cancillería de México tuvieron que trabajar con paciencia y extremo cuidado para sortear el burocratismo exasperante del régimen militar, interesado en impedir o al menos demorar la salida del grupo.

  Jorge Carrillo Olea, quien era jefe de la Sección Segunda (inteligencia) del Estado Mayor Presidencial, reveló el año pasado un hecho hasta entonces desconocido: en forma clandestina, México sacó asilados a quienes la dictadura les negaba el salvoconducto o quienes de plano no lo gestionaban, convencidos de que serían rechazados. 

                                      Embajada de México en Chile, 1973

  Siete meses antes del golpe y ante el clima de tensión creciente, contó Carrillo Olea, a petición del embajador  Gonzalo Martínez Corbalá, el presidente Luis Echeverria envió a la embajada en Santiago a dos militares “confiables”, para resguardar al personal y a la sede.

  En la valija diplomática llevaban cuatro fusiles automáticos M2, cartuchos, 40 mil dólares en efectivo y un radioteléfono. Todo era ilegal, pero la valija pasó.

  Además de la atmósfera de violencia, Martínez Corbalá recelaba de la “relación tan estrecha” que había cultivado con Pinochet el agregado militar, el general Manuel Díaz Escobar, ex jefe de los Halcones del 10 de junio. Era “desafiante” con el embajador y de “completa agresividad” contra los oficiales enviados.

  Tras el golpe, el radioteléfono fue la única vía de comunicación. Con el apoyo del pequeño equipo militar de confianza, México ejecutó la movilización secreta que permitió sacar hasta el último solicitante de asilo y sólo entonces romper relaciones.

Cámpora: “mortal de necesidad”

  En otro caso, el ex presidente Héctor J. Cámpora, quien había sido embajador de su país en México, se convirtió en uno de los principales objetivos de la dictadura argentina que se instauró con el golpe del 24 de marzo de 1976.

  Cámpora pudo llegar a la embajada mexicana, donde pidió asilo. Igual que los chilenos, los militares argentinos pusieron pretextos y demoras para evitar extender los salvoconductos.

  En la embajada el ex presidente empeoró de un malestar que ya traía. Una primera revisión mostró que era un tumor canceroso en las parótidas.

  Aún así los golpistas no lo dejaron salir. Sólo lo harían con la prueba de que la enfermedad era “mortal por necesidad”. Y aún en ese caso la autorización no sería inmediata.

  La historia de la tortuosa negociación con la junta militar  está registrada en el intercambio de mensajes entre el embajador José Antonio Lara Villarreal y la Secretaria de Relaciones Exteriores, ahora desclasificado por el Acervo Histórico Diplomático.

Héctor J. Cámpora. Foto tomada de la cuenta de Facebook Eva Perón Inmortal

  Los militares dijeron a Lara que el ambiente de denuncias sobre violaciones a derechos humanos y, en particular, la presencia en el país de una misión de la Organización de Estados Americanos, había endurecido posiciones en su “frente interno”. No podían soltar a Cámpora.

  La gravedad del caso y la persistencia de la diplomacia mexicana lograron un hecho insólito. Fuera de las normas de asilo, Cámpora pudo salir de la embajada a que le practicaran una biopsia, que confirmó el diagnóstico.

  El trayecto y la estancia en el hospital tuvieron el explícito reconocimiento de los militares de respeto a las garantías de asilo.

  El expresidente por fin pudo viajar a México el 26 de noviembre de 1979. Murió en Cuernavaca el 19 de diciembre de 1980. 

Maduro rompe acuerdos y pelea con la izquierda

 

 En su intento por reelegirse con la exclusión electoral de parte de la oposición, Nicolás Maduro entró en una polémica que muestra las discrepancias en la izquierda en América Latina por el curso autoritario de Venezuela.

  La discusión expone que Maduro avanza hacia un régimen como el de Daniel Ortega en Nicaragua y que parte de esa izquierda no está dispuesta a respaldar.

  En el más reciente debate, la cancillería colombiana expresó “preocupación” por el virtual veto a la aspirante de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Corina Yoris.

  El presidente brasileño Luiz Inacio Lula consideró “grave” esa exclusión. "No quiero nada mejor ni peor para Venezuela, quiero que las elecciones sean hechas como en Brasil, con la participación de todos”, señaló.

                          Lula en conferencia de prensa, el 28 de marzo de 2024. Foto Afp

  Sin citar nombres, Maduro llamó “izquierda cobarde” a quienes “no son capaces de condenar los golpes, los intentos contra la revolución”, con lo que sugería que la oposición representada por la PUD estaba involucrada en planes de atentados contra el propio mandatario. 

  “No hay izquierda cobarde”, replicó el mandatario colombiano Gustavo Petro. “Hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo”.

  Semanas antes, el presidente chileno Gabriel Boric había salido a defender la voluntad democrática del Partido Comunista de Chile (PCCh), socio de la coalición gobernante y que apoya a Maduro.

  Boric aclaró, sin embargo, que ha “denunciado en foros internacionales las violaciones a los derechos humanos de un régimen que sin lugar lugar a dudas ha tenido una deriva autoritaria, como es el régimen venezolano”.

  El PCCh apoya a Maduro, pero el Partido Comunista de Venezuela rompió con el régimen, pasó a la oposición y terminó “intervenido” judicialmente, lo que en la práctica anuló su vida legal.

  La polémica prolonga la que abrió hace meses el ex presidente uruguayo Jose Pepe Mujica. En su más reciente manifestación sobre el caso, el antiguo líder tupamaro dijo que “Venezuela tiene un gobierno autoritario que se pasa para el otro lado”.

  Así reaccionó a la detención de la activista Rocío San Miguel, acusada de una conspiración para asesinar a Maduro, y a la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

  El episodio electoral derribó los Acuerdos de Barbados, suscritos en Bridgetown el 17 de octubre de 2023, que eran compromisos para realizar elecciones generales y aliviar la presión económica de Estados Unidos contra Venezuela. 

  Noruega fue facilitador del pacto, con Brasil, Colombia, México, Países Bajos y Rusia como acompañantes.

Jorge Rodríguez por el gobierno y Gerardo Blyde por la Plataforma Untaria Democrática firman los Acuerdos de Barbados en Bridgetown, el 17 de octubre de 2023. Foto Afp

  Maduro reconoció ahí como interlocutor a la PUD. Junto con garantías para las elecciones, incluso la observación internacional, el primer pacto ordenaba promover “la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley venezolana”.  

  El párrafo tenía nombre y apellido. En septiembre de 2021 la opositora María Corina Machado quedó inhabilitada para ejercer sus derechos políticos, bajo el cargo de haber colaborado en actos en perjuicio del patrimonio nacional, durante el autoproclamado gobierno de Juan Guaidó (2019-2022).

  Después de los Acuerdos de Barbados, Machado fue electa como candidata presidencial de la PUD. Luego, con la gestoría de Noruega, promovió un recurso que resultó desechado y su inhabilitación quedó firme.

  Hasta ahora se desconoce el texto completo de ambos fallos judiciales, porque el Tribunal Administrativo sólo ha difundido versiones públicas resumidas. La defensa nunca pudo construir un alegato firme.

  Con la vía legal cerrada, Machado designó a una sustituta, la académica Corina Yoris, para tener inscrita una candidatura de ese sector opositor dentro del plazo previsto, que venció el 25 de marzo.

Se cayó el sistema...

  Lo que siguió fue surrealismo caribeño. La inscripción mediante plataforma digital permitió el registro de Maduro por el Partido Socialista Unido de Venezuela y de otros 12 aspirantes de distintas formaciones. El sistema funcionó…menos para la candidata de la PUD.

  A última hora la coalición opositora pudo registrar a uno de sus líderes, Edmundo González Urrutia, cuya suerte como candidato aún está por verse, pues requiere la confirmación del Consejo Nacional Electoral, controlado por el madurismo.

  Al hacer creer hace seis meses que respetaría un pacto de competencia electoral equitativa, Maduro incurrió en un engaño múltiple: a la PUD, al facilitador, a los acompañantes, a la sociedad venezolana y al resto de la comunidad internacional.

  Durante este semestre Estados Unidos redujo en parte la coerción económica contra Venezuela, con base en el entendimiento general y en particular el segundo acuerdo de Barbados. Con el nuevo curso se sentirá en libertad de reanudar las represalias.

  

  

AMLO cambia su versión del fentanilo y abre nuevo enfoque con EU

 

  Al final el presidente Andrés Manuel López Obrador corrigió la versión que mantuvo a lo largo de su mandato y aceptó que en México hay producción de fentanilo.

  En la entrevista que ofreció a CBS y que se transmitió el domingo pasado, la periodista Sharyn Alfonsi le preguntó si estaban equivocados quienes en el gobierno de Estados Unidos decían que los cárteles mexicanos producen fentanilo en masa y lo exportan al país vecino.

  “Sí. O más bien, no tienen toda la información, porque el fentanilo también se produce en Estados Unidos”, contestó López Obrador. “El fentanilo se produce en Estados Unidos, en Canadá y en México. Y los precursores químicos vienen de Asia”.

Imagen de la entrevista de CBS al presidente Andrés Manuel López Obrador, transmitida el 24 de marzo de 2024

  En su conferencia mañanera del lunes, el mandatario recibió otra pregunta sobre el punto.“Lo cierto es que en México, en algunos lugares, se ha decomisado fentanilo, muy poco elaborado en  México”, respondió.

  “Pero sí hay componentes de fentanilo, los llamados precursores químicos, que llevan a que se elabore el fentanilo, igual que en Estados Unidos, eso incluso aceptado por la fiscalía de Estados Unidos y lo mismo en Canadá”.

  Y enseguida expuso lo que parece uno de los resortes de la versión negacionista, ahora derribada: “Para que no saquen de contexto nuestros adversarios mi respuesta, lo que plantee fue: ‘A ver, ustedes nada más voltean a ver hacia México. Todo es México. ¿Y qué pasa en Estados Unidos?’ Ese es el sentido”.

  “Es un asunto en el que tenemos que ayudar todos, no culpar a México”, agregó.

  Tácitamente reconoció que antes negaba la producción de fentanilo para evitar que todas las culpas se cargaran a México, quizás para sortear los delirios intervencionistas de los ultras y el pragmatismo de las agencias de seguridad estadunidenses. 

  También intentaba desinflar la versión que circula en Estados Unidos de que los migrantes son al mismo tiempo traficantes de drogas. “Me importa mucho que el ciudadano de Estados Unidos tenga otra información”, dijo López Obrador el lunes sobre este punto.

  Pero ocultar o negar un hecho que era conocido por diversas fuentes llevó a un callejón sin salida con Estados Unidos. Los dos gobiernos arrastraron en los últimos años un choque cada vez más abierto y directo sobre lo que parecía un “eslabón perdido” en la cadena de tráfico de la droga: el lugar de producción.

  Con su cambio de narrativa, el presidente mexicano pasa ahora la pelota a su gabinete de seguridad, que queda emplazado a rectificar la omisión que ha sostenido durante cinco años.

  El gobierno de México queda con el compromiso de encarar la realidad ante Estados Unidos y de escuchar y discutir nuevos enfoques ante los hechos, ahora reconocidos.

Conferencia del presidente López Obrador con asistencia del gabinete de seguridad, el 19 de marzo de 2024. Imagen tomada de la transmisión en vivo

  En los informes de seguridad que rinden las fuerzas armadas, la versión ha sido que a territorio mexicano llegan precursores, sin hablar del proceso en el que esos insumos se “cocinan” y arrojan una sustancia que se convierte en un producto comercial y llega a las calles.

  Uno de los episodios de mayor debilidad en la versión mexicana ocurrió en público en Palacio Nacional, el 5 de octubre de 2023, cuando dos secretarias del gabinete mexicano entraron en abierta contradicción.

  La titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, mantuvo la línea oficial de que en México no se fabrica fentanilo, pero la canciller Alicia Bárcena reconoció que hay en el país laboratorios clandestinos para producirlo.

  El peso de los hechos y la presión de Estados Unidos pusieron  bajo sitio al relato mexicano, que se tambaleaba con el tiempo.

  Entre abundantes declaraciones públicas de funcionarios estadunidenses, estuvo la del fiscal general, Merrick Garland, quien reiteró que los cárteles fabrican la droga en territorio mexicano. Lo hizo en la misma conferencia de prensa de Palacio Nacional, donde las secretarias mexicanas se contradecían, tras el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre ambos países.

Conferencia de prensa en Palacio Nacional tras el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México-EU, el 5 de octubre de 2023. Imagen tomada de la transmisión en vivo

 Los reportes oficiales sólo consideran incautaciones de fentanilo o sus precursores, destrucción de laboratorios de metanfetaminas y captura de “sustancias químicas”indeterminadas. Nada sobre el misterioso lugar de donde surge la droga consumible.

  Hay informes de incautación creciente de fentanilo, 8 mil 206 kilos en lo que va del gobierno, y del hallazgos de máquinas para fabricar tabletas. También reportes de la destrucción, hasta el pasado 18 de marzo, de 2 mil 459 laboratorios clandestinos.

  En febrero pasado la Secretaría de Marina reveló la destrucción en Sonora de lo que llamó un “megalaboratorio”, el mayor descubierto hasta entonces. En estos casos, la versión oficial siempre ha sido que se trata de fábricas de metanfetaminas.

Semar localiza y desmantela mega laboratorio de generación de drogas. Secretaría de Marina. 

El foco de tensión en la frontera México-Guatemala

 

  La expansión de la delincuencia organizada en Chiapas y su secuela de violencia en la frontera sur de México empujó al gobierno del presidente Bernardo Arévalo a desplegar una amplia movilización militar del lado guatemalteco, de acuerdo con reportes convergentes.

  Un reciente informe de organizaciones sociales expuso el estado de “conflicto armado no reconocido” en Chiapas desde 2021, producto de una disputa entre el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos armados por el control de territorio, productos, servicios y población.

  El saldo, dice la investigación, es de “graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional”, con más de 10 mil personas desplazadas.

  El informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos” fue elaborado por el Colectivo de Monitoreo - Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y la Red TDT.

  Describe el clima de violencia en la franja fronteriza chiapaneca y un sector de la sierra, la forma de operar de los grupos delictivos, el impacto en la vida cotidiana, la inyección de terror en la sociedad, las violaciones a los derechos humanos y las omisiones del Estado mexicano.

Infografía tomada del informe "Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”

  Señala cómo circula por la red de carreteras toda clase de mercancía ilegal, drogas, armas, contrabando de ganado y tráfico de personas, en una entidad de predominio rural e indígena, con amplias zonas incomunicadas.

  Recuerda que la historia reciente de Chiapas está marcada por el alzamiento zapatista, los grupos paramilitares que surgieron con la campaña contrainsurgente y la “guerra” antinarco en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

  En el nuevo escalón de violencia, agrega la investigación, los grupos delictivos emplean explosivos y drones artillados, mantienen enfrentamientos constantes e inducen a la población a tomar partido, en una espiral que termina por borrar cualquier eventual terreno de neutralidad.

  La sociedad queda a merced de la delincuencia, en medio de extorsiones, ejecuciones, masacres, desplazamientos forzados y una persistente ola de rumores y tensión. Los criminales llegan a controlar organizaciones sociales y gremiales y servicios públicos como los de salud, educación, recolección de basura y trámites oficiales.

  La prensa y las organizaciones de derechos humanos resultan anuladas bajo la amenaza o la acción directa de las bandas armadas. “La zona afectada por el conflicto se ha convertido en una zona silenciada en la que no se puede hablar y de la que tampoco se habla”.

  La presencia militar en la zona no ha logrado hasta ahora aminorar el clima de violencia y el dominio de los grupos delictivos, que en ocasiones interactúan en connivencia con funcionarios locales, dice el informe.

  Relata que en el municipio de Chicomuselo está el mayor cuartel del Ejército en la zona y que en uno de los picos de violencia, en mayo de 2023, por ahí pasaron caravanas con hombres fuertemente armados, sin que nada ocurriera. En los estallidos “se ha reportado que las intervenciones militares resultaron tardías y negligentes, cuando no inexistentes”, dice el informe.

  Concluye con recomendaciones para el gobierno, como reconocer el conflicto en público, garantizar la protección a la población civil y la creación de una comisión de la verdad. Propone también una misión verificadora internacional que certifique la existencia de un conflicto armado.

Sedena: todos los delitos “a la baja”

  El más reciente informe conocido de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la seguridad en Chiapas fue en la conferencia presidencial del 23 de junio de 2023. 

  El secretario Luis Cresencio Sandoval reportó entonces que “todos los delitos, que se miden dentro del Secretariado Ejecutivo y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos están a la baja”.

  El contraste en las conclusiones entre la Sedena y las organizaciones sociales puede hallarse en el método. El informe “Asedio a la vida cotidiana…” se basa en testimonios en el terreno, investigaciones independientes y fuentes abiertas. El reporte militar es una reseña estadística a partir de registros oficiales.

  Sandoval informó en esa ocasión que los efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea en el estado eran 8 mil 283; de la Secretaría de Marina, mil 823; de la Guardia Nacional (GN), 4 mil 932.

  El total de elementos federales era de 15 mil 038, equivalente al 5.8 por ciento de la fuerza disponible en el país hasta entonces. Sumados a las policías estatales y municipales hacían un conjunto de 23 mil 821 efectivos operativos.

  En el momento del informe había una coordinación estatal de la GN y once regionales, de las cuales una en la franja fronteriza, en Tapachula.

  También había 10 sedes de compañías de la GN, entre ellas cuatro en la línea de frontera: Tapachula, Huehuetán, Frontera Comalapa y Las Margaritas. 

Compañías de la Guardia Nacional en Chiapas. Imagen tomada de la transmisión de la conferencia presidencial del 23 de junio de 2023 

Arévalo: Cinturón de fuego

  A principios de febrero, con sólo semanas en el mando, Arévalo identificó la situación de Chiapas como una amenaza a la seguridad y la gobernabilidad de Guatemala. 

  Dispuso el despliegue de una muralla militar a lo largo de 388 kilómetros de frontera, desde el noroeste de su país hasta la costa del Pacífico y patrullaje naval en 200 millas.

  La operación tiene un plazo indefinido y se llama Cinturón de fuego. Su meta es impedir el contagio de la violencia de Chiapas a territorio guatemalteco, evitar el trasiego delictivo en la franja fronteriza y atajar posibles incursiones.

                              Tomado del canal de Youtube de TN23 Guatemala

  En esta campaña participan cuerpos de élite del Ejército de Guatemala, como las brigadas de Fuerzas Especiales (kaibiles), de Operaciones de Selva y de Operaciones para Montaña, además de unidades regulares de infantería, comandos aéreo y naval, la Policía Nacional Civil y la administración fiscal. Son más de 5 mil militares y más de 500 policías.

  Desde el año pasado los ejércitos de los dos países realizan reuniones conjuntas de sus comandantes fronterizos, con el objetivo de garantizar la estabilidad del área limítrofe y compartir inteligencia.

  Son demasiados ingredientes en una mezcla potencialmente explosiva.